A riesgo de parecer reiterativo con los editoriales de La Nación, debo reconocer que los tres últimos que he publicado, sobre el tema de la subversión, reflejan mi pensamiento, sin necesidad de hacerlo yo expresamente. El editorial sobre Jaime Smart no tiene desperdicio, aunque creo que le falta un complemento y es el hecho de que han habido, además de Smart, muchas acusaciones y condenas de pseudos represores que no tienen ningún fundamento. El espíritu de revancha que se impuso durante el gobierno de los K, especialmente el de CFK, con la complicidad de una justicia corrupta, ha llevado a la cárcel a muchos inocentes, como el caso de Smart.

El editorial sobre la correcta evaluación sobre el fallo de 2 x 1, fallo que se podría haber postergado para no agregar más confusión a este momento político, pone el tema en su justo lugar.

Y el editorial que estamos agregando hoy a este blog refleja un auténtico espíritu de justicia ya que la omisión de los delitos de los subversivos, que son delitos de lesa humanidad, es un acto de una tremenda injusticia, ya que los subversivos, de delincuentes que eran, se han transformado en héroes por obra y gracia de un gobierno corrupto. Lanusse, con todos sus defectos, encarceló, juzgó y condenó a la mayoría de los subversivos. Cámpora los liberó, abriendo las puertas para que continuaran su acción disolvente. El gobierno peronista de 1973 comenzó el proceso de eliminarlos con procedimientos censurables, tarea que fue completada por el gobierno militar. Y CFK y las “defensoras de los derechos humanos” los han glorificado como si hubiera sido un “juventud maravillosa”.

Del "dos por uno" a la infinita impunidad

Así como la sociedad expresó su inquietud por el caso Muiña, debería preocupar también el olvido del que gozan los delitos del terrorismo guerrillero

Martes 16 de mayo de 2017

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la aplicación del llamado "dos por uno" para el cómputo de pena en beneficio de un represor condenado a 13 años de prisión en 2011 por delitos de lesa humanidad provocó una tormenta política y la reacción adversa de gran parte de la sociedad.

Un mínimo de decencia obliga a señalar la asimetría entre el "ni olvido ni perdón" a quienes cometieron delitos aberrantes con la fuerza del Estado y el olvido y el perdón de los que han disfrutado otros violentos que empuñaron armas, pusieron bombas, torturaron y mataron a sangre fría invocando el socialismo nacional, y que hoy no gozan del "dos por uno", sino de una infinita impunidad.

Beneficiados por la prescripción de sus delitos, conforme al fallo "Lariz Iriondo" de la Corte Suprema de Justicia en 2005, que negó carácter de "lesa humanidad" a los actos terroristas por no haber sido ejecutados desde el Estado, aquellos violentos, muchas veces confesos, gozan de libertad y reciben trato deferente: algunos han progresado como hombres de negocios, otros ocupan cátedras universitarias y otros más son pacíficos abuelos que escriben sus memorias en la paz de sus hogares.

Sembrar el terror en la población recurriendo a los atentados, los secuestros y la muerte está prohibido desde 1949 por el derecho humanitario internacional, sin excepción alguna, salvo en la República Argentina, donde los autores de crímenes como los cometidos en la estación de Atocha, las Torres Gemelas y el semanario Charlie Hebdo o las matanzas de Ejército Islámico (EI) serían tratados como víctimas inocentes de la sociedad capitalista.

El 1° de diciembre de 1974, en pleno gobierno constitucional, terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) asesinaron por la espalda a María Cristina Viola, de 3 años, y a su padre, el capitán Humberto Viola, e hirieron gravemente a María Fernanda Viola, de 5. Los gritos desesperados de María Cristina Picón de Viola, embarazada de cinco meses, no los detuvieron. Como lo exigía el Che Guevara, actuaron como frías y selectivas máquinas de matar, imbuidos de un odio intransigente al enemigo.

Francisco Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador y Fermín Ángel Núñez fueron detenidos y condenados por estos crímenes de lesa humanidad. No cumplieron íntegramente su condena a reclusión perpetua. Fueron indultados por el decreto 1003/89, firmado por Carlos Menem y su ministro de Defensa, Ítalo Argentino Luder.

En días en que el país ha debatido intensamente la posibilidad de aplicar la ley del "dos por uno" a determinados delitos, es oportuno que los argentinos nos preguntemos si resulta justo que los asesinos de la familia Viola, como los de tantas otras víctimas inocentes, hayan quedado libres, amparados por un manto de silencio e impunidad. También agravian el más simple sentido de justicia los asesinatos y las desapariciones perpetrados por grupos paramilitares como la Triple A, creada por el siniestro José López Rega, descollante ministro del peronismo fascista y cruel de los años previos a la dictadura militar.

Debería ser todo esto tenido en cuenta también cuando, en multitudinarios actos, organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos y ciudadanos de a pie reclaman a los jueces "nunca más un genocida suelto".

Ante la negativa de la Justicia a reabrir la investigación para juzgar a otros autores directos y mediatos, la viuda de Viola denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber violado el derecho a la igualdad ante la ley, diversas garantías judiciales y el artículo 3 de las Convenciones de Ginebra de 1949, que establece que no se puede atacar ni atentar contra civiles inocentes en ningún tipo de conflicto armado. La comisión ha notificado que se encuentra evaluando la denuncia.

Elisa Carrió acaba de advertir que hay un avance del derecho internacional cada vez más fuerte que quiere declarar delitos de lesa humanidad los delitos de terrorismo, no sólo del Estado. No ignora la diputada que a partir del fallo Tadic, dictado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, ya no es posible sostener que para que exista un crimen de lesa humanidad debe mediar participación estatal; actores no estatales pueden ser también posibles autores de ese tipo de crímenes. Ello por sí solo basta para poner en crisis el argumento que apresuradamente sostiene que están prescriptos los crímenes de la guerrilla.

Además, se ha demostrado, en las causas Larrabure y Viola, que el terrorismo guerrillero fue de Estado, por haber contado con el apoyo, el entrenamiento y el financiamiento de Cuba, lo que torna directamente aplicable la jurisprudencia fijada en las causas Arancibia Clavel y AMIA, considerando crímenes de lesa humanidad los asesinatos y/o atentados planificados por un Estado extranjero y cometidos en nuestro país.

Ha quedado probada también en tales causas la complicidad de gobernadores con la acción de la guerrilla, complicidad que fue denunciada por el entonces presidente Juan Domingo Perón luego del ataque del ERP al regimiento de Azul, oportunidad en que convocó a las distintas fuerzas políticas a defender la república, alertando que no por casualidad hechos de esa naturaleza ocurrían en determinadas jurisdicciones.

No cabe entonces atenuar la gravedad de los crímenes llevados a cabo por los grupos guerrilleros. La historia demuestra que también fueron cometidos con apoyo estatal.

Si la decisión es juzgar, debe juzgarse también a aquellos que, aborreciendo la democracia, se arrogaron el derecho de matar cuando la Argentina tenía sólo un 4% de pobres, un derecho que veladamente muchos justifican apelando a una diferencia inexistente.

El pasado 24 de marzo, organizaciones que deberían defender los derechos humanos de todos reivindicaron la sangrienta militancia del terrorismo guerrillero. Desde la izquierda revolucionaria hay quienes aún reivindican la violencia como forma de acción política, idealizando la acción de grupos como ERP y Montoneros. Muchos jueces, fiscales y dirigentes políticos y religiosos han permanecido impasibles frente a esa irracional apología del delito, pese a que, como lo admitió el ex montonero Luis Labraña, de haber triunfado, la guerrilla habría generado una masacre fusilando como en la España de Franco o como en la Rusia de Stalin.

ASIGNATURAS PENDIENTES

Si el país consigue liberarse del peronismo, tarea no menor, va a ser necesaria la reconstrucción de muchos aspectos que se han deteriorado a lo largo de décadas, como consecuencia de la actividad “prostituyente” de esa llamada “ideología”. En homenaje a la gran maquinaria de construcción del poder, que el peronismo ha desarrollado muy eficientemente a lo largo de más de 70 años, hay que destacar la actitud cómplice que gran parte de los argentinos han tenido, como receptores de los favores de estos manipuladores del poder. El peronismo ha existido, porque una gran mayoría del pueblo argentino ha recibido los beneficios de esa actividad corrupta y lo ha permitido a sabiendas de lo que estaba ocurriendo, como hoy lo prueba el alta porcentaje de la población que sigue adhiriendo al kirchnerismo a pesar de la pruebas evidente de su corrupción.

No va a ser una tarea fácil por todos los intereses que están en juego, con diferentes sectores de la sociedad: políticos, sindicales y económicos. Esta es una tarea de generaciones ya que hay una cultura que cambiar, y el cambio de actitudes y de prácticas que se ha mantenido por más de 70 años, no se consigue de un día para otro.

La enumeración sería casi interminable, pero hay que mencionar una de las más importantes: la educación debe ser la piedra fundamental de la reconstrucción del país. Desde los contenidos educativos, la formación de los docentes y su disciplina, de la cual es el ausentismo es una de las peores y más costosas manifestaciones, la remuneración basada más en la eficiencia que en la antigüedad, el estado de conservación de los edificios escolares, la doble escolaridad, para mencionar sólo algunos de los aspectos a considerar.

En el aspecto laboral, se podría escribir un tratado sobre el tema. Desde la actividad sindical corrupta y dirigida solamente a defender los intereses de una casta enquistada en las organizaciones sindicales, donde la defensa de los intereses de sus representados es sólo un pretexto para asegurar su continuidad. Convenios de trabajo con cláusulas abusivas que no benefician realmente a los trabajadores, y que lo único que consiguen es encarecer los costos de producción. Hay convenios con 35 días hábiles de vacaciones donde muchos negocian con los empleadores y trabajan parte de sus vacaciones porque, en realidad, no saben qué hacer con tantos días de ocio. Beneficios que sólo sirven para encarecer el tradicional alto “costo argentino” y que a los empleadores industriales que viven en una economía cerrada, donde no tienen que salir a competir fuera de las fronteras del país, no les preocupan ya que saben que, al final, los altos costos los pagan los consumidores argentinos.

La clase política argentina es una clase parasitaria que recibe los beneficios del uso y abuso del poder que consiguen, la mayor parte de las veces, por medio de prácticas clientelistas donde los recursos que se deberían dirigir a mejorar la calidad de vida del pueblo, se  usan para asegurar el poder a sus beneficiarios. Este fenómeno se ve a todos los niveles, pero sobre todo en las provincias donde gobiernos feudales usufructúan del poder gracias a los “beneficios” que desparraman con los dineros públicos. Estructuras burocráticas infladas de personal innecesario e ineficiente, por lo general sin ninguna capacitación y que acceden a los puestos públicos gracias a conexiones políticas. La obra pública siempre fue generadora de prácticas corruptas donde las adjudicaciones se hacían sobre la base de los retornos (coimas) que recibían los adjudicatarios de los contratos. La función pública era, y seguirá siendo por mucho tiempo, una fuente de hechos de corrupción de beneficios incalculables para quienes detentan el poder político.

Toda esta introducción, que podría prolongarse casi sin límites, sirve para presentar unos hechos que se estarían produciendo en la provincia de Mendoza y que me hace tener esperanzas  en el futuro, si el buen ejemplo llega a propagarse a otras jurisdicciones.

Me pareció lo más razonable reproducir el editorial aparecido ayer en La Nación:

Pasos positivos en Mendoza

Miércoles 10 de mayo de 2017

Desde la asunción del nuevo gobierno mendocino se han dado una serie de medidas superadoras de la situación de crisis anterior, alejada de la calidad institucional y el progreso que siempre caracterizaron a este distrito.

Las últimas administraciones del Frente para la Victoria hicieron crecer en Mendoza el empleo público, la inseguridad y el juego, mientras que el Estado funcionó como rehén de los sindicatos estatales, que olvidaron que su deber es estar al servicio de la sociedad. En cambio, fueron los responsables de la carencia de prestaciones básicas, con pretensiones desmedidas y sin posibilidad alguna de financiación real.

Durante muchos años de administraciones progresistas, Mendoza financió sus obras públicas con recursos propios hasta que los desmadres de los últimos gobiernos arrasaron con los fondos de los contribuyentes, en gran parte destinados al pago de sueldos de personal innecesario.

El gobierno de Alfredo Cornejo ha bajado ya la nómina de agentes públicos en casi 5000 personas, única jurisdicción en la que esto ha ocurrido. En la mayoría de las provincias la planta de personal estatal se ha incrementado. Además, el gobierno mendocino dispuso concursar los cargos jerárquicos vacantes, dando por tierra con el amiguismo o el pago de favores partidistas que ubican en jefaturas a personas de dudosa idoneidad.

También es sumamente auspicioso el cierre de ocho casinos provinciales y el anuncio de no renovar las concesiones de los privados. Mendoza, que hasta hace pocos años tenía solamente el tradicional casino de la ciudad capital y uno en Las Leñas, se llenó de salas de juego en todos los departamentos. Bajo el falso paraguas de beneficiar a la actividad turística, en realidad operaron como perniciosos espacios en los que modestos trabajadores y amas de casa perdían su dinero sin beneficio social alguno.

La implementación del Ítem Aula, por el que se premia el presentismo en las escuelas públicas, venciendo la resistencia de los sindicalistas, ha logrado reducir el ausentismo docente a la tercera parte, equiparándolo al de las escuelas privadas.

Merece además destacarse la iniciativa para limitar las reelecciones de los intendentes. Mendoza no posee reelección para el gobernador y el vicegobernador. Tampoco pueden presentarse sus familiares para el período siguiente ni ser elegidos inmediatamente para el Senado nacional, al concluir el mandato, pero no estaba la limitación para los jefes comunales, a pesar de que un referéndum había aprobado hace unos años limitar a dos períodos la permanencia en el cargo.

Por último, la decisión de terminar con la ociosidad en las prisiones es otro paso en la búsqueda de la reinserción social de quienes cumplen condenas por sus delitos. Está comprobado que el estudio y el trabajo ayuda a la recuperación de quienes han caído en la delincuencia.

Nuestro país, y posiblemente todos, se caracterizan por la hipocresía de sus dirigentes que sólo toman en cuenta sus intereses personales del momento, sean políticos o económicos. Como en mis opiniones no está de por medio ningún interés, me siento con total libertad de decir lo que pienso, sin limitaciones de ningún tipo. No soy una figura pública, no tengo actividad ni militancia política, no está en juego ningún interés económico. Y si a alguien no le gustan mis opiniones, tiene la libertad de no enterarse de ellas.

El tan controvertido tema del 2x1 se ha convertido en el tema de moda. Para el aspecto jurídico, me remito sólo a gente que, supongo, sabe más que yo. Da la impresión que el fallo jurídicamente es correcto. Los dos jueces de la CSJ que no adhirieron a dicho fallo, en mi opinión, lo hicieron más por razones políticas que jurídicas.

La gobernadora Vidal habló de las víctimas, sus familiares y su dolor. Pero creo que no hay dolores de primera y de segunda. El dolor de los familiares de una persona que fue ejecutada en la puerta de su casa por un delincuente que lo asaltó, no es de menor nivel que el de los familiares de un delincuente subversivo desaparecido. Con una diferencia, el ciudadano inocente que es asesinado en la puerta de su casa, no buscó o promovió el hecho. El subversivo que fue “chupado” por un grupo de tareas sabía cuáles eran los riesgos que corría, la tortura y la muerte, y además buscaba voltear a un gobierno democrático o a una dictadura militar, para imponer otra dictadura, tan sanguinaria y represiva como la que pretendía voltear.

En un momento, los “progres” negaban la existencia de la teoría de los dos demonios. Decían que había existido un solo demonio que era el Estado represor, como si todas las muertes de los que fueron responsables los subversivos, era obra de un ángel, y no de un demonio. Como lo he afirmado muchas veces, por razones ajenas a mi voluntad he tenido el privilegio de que todos estos episodios de la vida argentina no los conocí por medio de un “relato” intencionado, sino por haberlos vivido. Por supuesto, todos estos hechos los interpreté de acuerdo con mi óptica personal. Mis ideas y creencias, mis experiencias, nunca mis intereses pequeños, ya que por no estar comprometido con nadie, no tenía nada que ganar con adherir a uno u otro bando. Era, y sigo siendo, un ciudadano independiente.

Sobre el tema del 2x1, creo conveniente reproducir un nuevo editorial de La Nación que me parece muy esclarecedor del tema. Antes quiero hacer una aclaración: el fallo de la CSJ se refiera a “un caso específico” y no es un fallo sobre todos los condenados por delitos de lesa humanidad. Hubo un condenado por delitos de lesa humanidad que pidió a la CSJ la aplicación del 2x1, y el fallo fue favorable a su pedido. Así como es favorable para cualquier otro condenado por delitos comunes. Y con esto cierro el tema ya que en mi opinión, no da para más He pensado cuál puede ser la razón de que La Nación asuma esta posición que puede estar algo a contramano de las opiniones que se expresan mayoritariamente, y no puede imaginarlo. Quizás sea mi mismo objetivo: que la verdad prevalezca sobre los pequeños intereses.

El Estado de Derecho

El fallo de la Corte que aplicó el cómputo del dos por uno en un caso de lesa humanidad muestra el sano funcionamiento de la independencia de los poderes

Martes 09 de mayo de 2017

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el cómputo del dos por uno a condenados por delitos de lesa humanidad y que tanta polémica despierta nos mueve a reflexionar acerca de si como sociedad hemos asumido plenamente lo que significa aceptar el Estado de Derecho, esto es, la sujeción del hombre al imperio de la ley que debe regir la vida en comunidad.

Los delitos de lesa humanidad, en los que incurrieron ambos bandos en tiempos del enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y los terroristas revolucionarios, recogen desde siempre un merecido repudio. Hay también acuerdo respecto de la imprescriptibilidad de esos delitos, pero la unanimidad cede cuando se restringe ese carácter exclusivamente a los cometidos por la represión ilegal y se deja inexplicable e injustificadamente fuera a los cometidos por la guerrilla subversiva.

A propósito del fallo "Muiña" de nuestro máximo tribunal, que conocimos días atrás, merced al cual se le concede a un represor el beneficio del dos por uno en su condena por el delito de privación ilegal de la libertad y tormentos para con trabajadores del hospital Posadas, se ha afirmado en distintos ámbitos que los derechos humanos universalmente reconocidos están por encima de cualquier ley. Pero si realmente aspiramos a vivir en un Estado de Derecho no hay doctrina política, ni religiosa, ni filosófica, ni relato ni memoria que puedan justificar su elevación por sobre la ley.

A lo largo de la historia, el mundo occidental civilizado ha incorporado sabiamente principios inamovibles como la igualdad ante la ley, el derecho de defensa, el debido proceso y que nadie puede ser juzgado ni condenado por conductas no previstas en leyes anteriores al hecho, entre muchos otros. Las llamadas leyes humanitarias han suprimido la prisión por deudas y la tortura; han consagrado el principio de in dubio pro reo, o beneficio de la duda; el principio de la ley más benigna a favor del imputado siempre que ésta estuviese vigente al momento del hecho, y que las cárceles sean sanas y limpias "para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas". En la misma línea están la reducción de la pena por buena conducta y la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. Se trata de conquistas que responden a piadosas tendencias humanitarias, precisamente a favor del hombre.

La sana división de poderes, con expresa prohibición de arrogarse otras funciones propias del Poder Judicial, y la obligación de los jueces de fallar según la ley, con independencia de toda doctrina o postura política por respetable que ella sea, constituyen garantías para el ciudadano. A la luz de estos principios fundamentales, la sociedad debe comprender que si se quiere vivir en un Estado de Derecho se deben respetar las leyes, nos gusten o no sus términos, pues no existe ninguna política capaz de situarse por encima de ese cuerpo legal. Si el fallo en cuestión se hubiese aplicado a un ex montonero, la situación sería exactamente la misma, pues nada tienen que ver en esto la militancia ni las argumentaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos.

Precisamente por este motivo se representa a la Justicia con una venda en los ojos para simbolizar su imparcialidad: la ley es igual para todos. La aplicación de este principio es justamente lo que nos distinguirá de los criminales de toda laya y de la barbarie, tanto como de quienes pretenderían ampararse en la deleznable consigna "al enemigo, ni justicia" para exigir venganza antes que el cumplimiento de las leyes.

No puede menos que repudiarse la afirmación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, al cuestionar el fallo de la Corte Suprema, sostuvo que algo así no hubiese ocurrido durante su gestión gubernamental: otro vergonzoso sincericidio que confirma cuán lejos estaba de respetar la autonomía de los tres poderes que debe primar en una república, al aceptar que ella controlaba o aspiraba a digitar incluso al máximo tribunal de la Nación.

Que la sentencia no sea políticamente favorable al gobierno de Mauricio Macri, por un lado, y que desagrade a organismos defensores de los derechos humanos, por el otro, son una clara muestra de la independencia de la que ha hecho gala la Corte, con su dinámica de mayorías y minorías, al fallar de acuerdo con lo que entiende es la debida aplicación de la ley y las garantías procesales. Técnicamente el fallo resulta inobjetable, aun para sus detractores. Recordemos, además, que el régimen del dos por uno fue muy criticado y desde esta columna se pidió su derogación en 2000.

Recientemente, la Corte avaló el arresto domiciliario para un represor de 85 años y enfermo. Un fallo de características similares fue el de la Corte chilena que habilitó a Augusto Pinochet, de la misma edad, a terminar sus días en su hogar y no en prisión. En una auténtica república el respeto a la ley puede derivar en actos éticamente humanitarios, incluso para con aquellos que tan ferozmente la combatieron, pues sólo así se confirma su fortaleza y sus auténticos valores.

Desgraciadamente, continuando con una inercia de enfrentamiento que sólo nos aleja del futuro para anclarnos en el pasado, una parte de la ciudadanía parece haber olvidado que venimos de más de una década de denunciar la falta de independencia del Poder Judicial. Ya comienzan a oírse voces que anticipan apelar a mecanismos constitucionales que pongan freno a nuevos fallos, incluso al absurdo pedido de juicio político a los magistrados que conformaron el voto mayoritario. En el juego democrático, todo lo que acontezca dentro del marco institucional debe celebrarse. Hasta aquí, respetamos un ejemplo del sano funcionamiento de la independencia de los poderes tan largamente reclamada.

El Fallo de la CSJ en el 2 x 1

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede tener algún justificativo, porque no es “justo” que haya personas sin sentencia, y esperando en prisión décadas, sin que la justicia dictamine si es inocente o culpable de los delitos de los que se le acusa. La prisión preventiva tiene, según mis escasos conocimientos del derecho, la finalidad de evitar que el acusado se fugue o que pueda entorpecer la marcha del juicio. No sé con qué fundamentos se dispone que una persona vaya a prisión por un supuesto delito cometido, pero a veces me da la sensación de que este tema es manejado muy alegremente por los miembros de Poder Judicial. Por lo menos en los llamados “delitos de lesa humanidad” este tema se ha manejado con mucha liviandad y se ha mandado mucha gente a prisión, “por si acaso”.

Ni se me pasa por la imaginación salir en defensa de los represores, en primer lugar porque fueron unos criminales despiadados y en segundo lugar porque manejaron la represión al nivel de la estupidez y de la impericia. Creo que fueron unos psicópatas, como lo fueron los subversivos quienes muchas veces mataban, como quien da un examen de eficiencia criminal. Pero este es un tema donde la justicia ha tenido y tiene muchas deficiencias, y, quizás, muchas injusticias. No me he puesto a investigar, porque ni es mi función, ni tengo los elementos para hacerlo, pero he escuchado de muchos casos que no han tenido nada que ver con el proceso represivo y cuyo único pecado ha sido vestir un uniforme o haber desempeñado un cargo en la dictadura militar de 1976. Uno es el caso de Jaime Smart, quien fue ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires durante el proceso. La represión en la Provincia estaba a cargo de la policía, que por supuesto no dependía de Smart, y que manejaba el tristemente famoso Coronel Camps. Si la decisión de Smart de acompañar a una dictadura militar en un alto cargo está dentro de la ética o no, es otro tema que no me corresponde juzgar. Pero condenarlo a prisión perpetua por haber ocupado un cargo que no tuvo ninguna vinculación con la represión, es otra historia.

El fallo de la CSJ ha levantado mucha polvareda entre los defensores de los “derechos humanos”, algunos defensores también de la “juventud maravillosa” que luchaba para imponer una dictadura socialista, que hubiera mandado a la cárcel a todos los que pensaran distinto, como quizás deseaba hacer CFK, pero nunca le dio el cuero. Creo que hay mucho de hipocresía, porque el “manejo” de la justica durante el período de los K fue deplorable, especialmente en los delitos de lesa humanidad, y nunca se alzó una voz de protesta.

En general la reacción es casi unánime e inclusive el gobierno de Macri se ha opuesto a dicho fallo, estoy seguro que más por razones políticas que por convicciones jurídicas o morales. Pero casi siempre los políticos son así: no dicen o hacen lo que deben o lo que sienten, sino lo que les conviene decir o hacer.

El “garantismo” cuyo principal ideólogo es el ex juez de la CSJ, Zaffaroni, me parece un desastre, porque si se impone una pena a un delincuente, cualquiera sea su delito, debe cumplirla, y no salir al poco tiempo en libertad para seguir cometiendo delitos. Pero también la justicia debe tener la eficiencia para que algunos acusados y encarcelados, no se consuman la vida esperando una sentencia.

Pensaba escribir algo sobre la condena de Jaime Smart, pero revisando los antecedentes, encontré un excelente editorial de La Nación, que estoy seguro expone el tema con mayor precisión que si yo fuera el autor.

Venganza no es justicia

La saña contra el doctor Jaime Smart, respetado hombre del derecho, es una muestra contundente de abuso del poder estatal en violación del marco legal

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

"Dadme una persona y yo le encontraré un delito" es la frase atribuida a Andrey Vyshinsky, el temido procurador general de la URSS (1935), la perversa mente creativa detrás de la gran purga que llevó a cabo José Stalin, mediante los célebres juicios de Moscú. Se trataba de falsos procesos públicos, con sentencias condenatorias preestablecidas, para así eliminar a sus enemigos políticos, presuntamente respetando las formalidades procesales. Vyshinsky recomendaba a sus fiscales y a los jueces, guiar sus investigaciones y sentencias conforme una "perspectiva social más amplia". Es decir, que cada caso debía ser juzgado en el "contexto" de la doctrina marxista de la lucha de clases. Como resultado, en esos juicios no era necesario respetar las garantías del debido proceso legal ni los principios de la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley, el nulla poena sine lege o el derecho de defensa, sino que bastaba determinar que el imputado había sido reticente en adherir a la sociedad sin clases o insistente en conservar sus hábitos burgueses. O simplemente, por razón de Estado: cuando el Partido Comunista considerase útil el dictado de condenas ejemplares para educar a la población en lo que consideraba el recto camino. Es realmente notable que la teoría del "contexto" como factor de atribución penal para condenar sólo sobre la base de presunciones, haya sido también copiada, 80 años más tarde, por algunos miembros de nuestro Poder Judicial que militan en la agrupación Justicia Legítima.

Como los métodos de los totalitarismos siempre convergen, cabe recordar que durante la Alemania nazi fue creado el Volksgerichtshof o tribunal del pueblo, que también edificó farsas judiciales para condenar a los enemigos del nazismo en función del "contexto" en que los imputados habrían actuado. Sobre la base de presunciones de corte ideológico, miles de alemanes sufrieron la pena capital con el argumento de que ponían en peligro al Tercer Reich, no obstante que los delitos no estaban tipificados ni existían pruebas de culpabilidad. No sorprende que el presidente del Tribunal fuese el gélido Roland Freisler, admirador declarado del ruso Vyshinsky, a pesar de lo sucedido en Stalingrado.

En la Argentina se llevan a cabo cientos de juicios de lesa humanidad contra militares que intervinieron en la guerra antisubversiva. Sin embargo existe un solo caso de un civil condenado a prisión perpetua. Se trata del doctor Jaime Smart, quien fue ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar y, por tal razón, la Justicia le atribuyó, sin probarlo más allá de toda duda razonable, haber sido ideólogo de un plan de exterminio de la población civil durante aquel período. Smart fue condenado por el Tribunal Nº 1 de La Plata, presidido por el escandaloso ex juez Carlos Rozanski, quien renunció a su cargo para evitar enfrentar las gravísimas denuncias que se habían acumulado en su contra en el Consejo de la Magistratura.

Al igual que en los juicios de Moscú, Rozanski dispuso realizar las audiencias en un teatro, para dar cabida a intimidatorias barras de militantes que convirtieron una actuación judicial independiente en un circo político, con cánticos amenazadores más próximos a la violencia que a la razón y al derecho. Smart fue condenado, no obstante que en el juicio a los comandantes quedó probado que la policía de la provincia de Buenos Aires no dependía operativamente del Ministerio de Gobierno, sino del Primer Cuerpo de Ejército. Por tanto, la gestión de Smart se limitó al ejercicio de las competencias civiles de su ministerio. El tribunal recurrió a Vyshinsky, sin nombrarlo, y adoptó la doctrina del "contexto", señalando que bastaba que Smart hubiese "integrado el aparato organizado del poder represivo, con independencia del tipo de intervención que hubiese tenido".

La saña contra Smart tiene un claro sentido de venganza, pues en los años setenta, este respetado hombre de derecho integró la Cámara Federal en lo Penal que juzgó a los terroristas que asolaban el país aplicando el Código Penal. Pero su esfuerzo fue abandonado cuando asumió la presidencia Héctor Cámpora, quien de inmediato dispuso la liberación de presos de las cárceles. Tal fue el clima de terror a partir de 1973, que María Estela Martínez de Perón ordenó "aniquilar" a aquéllos, dejando de lado al Poder Judicial y encomendando la tarea a los efectivos parapoliciales de la Triple A. El tribunal que integró Smart fue un intento de aplicar el debido proceso legal a quienes atentaban con violencia contra el orden público en democracia y la forma más adecuada de encarar la tragedia de la lucha armada.

Ya han pasado 33 años desde la instauración de la democracia. En ella, la Justicia debe actuar en forma legítima, respetando el debido proceso legal y las garantías constitucionales. De lo contrario, aunque se denomine legítima, es sólo una torpe puesta en escena con fines políticos e ideológicos. Y si los delitos de lesa humanidad se juzgan conforme la ideología o la política, dejan de ser delitos y pierden su carga humanitaria. Como lo hemos dicho reiteradamente desde estas columnas, si las garantías constitucionales son soslayadas en nombre de la liberación, el socialismo nacional o del hombre nuevo, como hicieran Vyshinsky y Freisler, no será en el ámbito de Diké, diosa de la justicia, sino en el de Némesis, diosa de la venganza.

Hace más de ocho años que Smart se encuentra detenido -los últimos en Marcos Paz y en Ezeiza- a pesar de haber superado los 80 años, habiendo alegado infundadamente el tribunal presidido por el renunciado Rozanski, que existe "peligro de fuga". Y, más tarde, dado lo absurdo de esa causal, alegándose el riesgo de que Smart pudiese utilizar su "ascendiente" personal sobre "estructuras aún subsistentes" de personas con afinidad a la extinguida dictadura militar.

Como las causas han sido apeladas, ahora la Cámara de Casación se encuentra considerando el caso. Ha correspondido la intervención de la Sala I, presidida por la jueza Ana María Figueroa, de Justicia Legítima, a quien secundan como subrogantes Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Cabe ahora recordar que el fundamento utilizado en la Argentina para distinguir el "terrorismo de Estado" del accionar de las bandas subversivas se refiere al abuso del poder coactivo del Estado contra ciudadanos, cuando su finalidad es el bien común, actuando conforme a la ley. Ese argumento tiene una contracara y conlleva una obligación simétrica: todos los órganos del Estado, y no solamente el Poder Ejecutivo, deben apegarse a derecho. Y los jueces -con más razón- están obligados a dejar de lado tanto la política como la ideología, confirmando así que en nuestro país se ha dado vuelta la peligrosa página de la parcialidad. Es de desear que nunca más asistamos a un abuso del poder estatal fuera del marco legal como el que hace años viene sufriendo Smart.