Política fiscal
Nuestro
país ha de ser uno de los que tiene las más alta presión fiscal en el mundo. Si
bien es útil para los fines del Estado, no lo es para el crecimiento económico ya
que, en alguna medida, desalienta las inversiones. Pero además empuja a muchas
actividades a la marginalidad para escapar de la presión impositiva. Esto que
genera evasión impositiva, privando al Estado de ingresos, pero también genera la marginalidad laboral, causando un
gran perjuicio a grandes sectores de nuestra población, que sólo puede aspirar
a una jubilación mínima y graciable al no poder mostrar aportes, y que no tiene
cobertura de servicios sociales, ni recibe los beneficios de las asignaciones familiares.
En
la década de 1930, el impuesto a los réditos, como se llamaba el hoy impuesto a
las ganancias, tenía un carácter temporario. Pero transcurridos más de 85 años
está para quedarse. El 21% de IVA que se paga hoy, también subió como resultado
de una emergencia, pero sigue vigente. El impuesto a las transferencias
financieras, que grava a todos los depósitos y extracciones bancarias está
vigente desde el 2001 y es un impuesto regresivo que todavía no ha sido
derogado. Los mínimos no imponibles de Ganancias y de Bienes Personales recién
han sido aumentados, pero la escala de alícuotas de Ganancias ya está en el
nivel de lo ridículo. Además hay que compatibilizar el nivel de impuestos
nacionales con los provinciales y con las tasas municipales, ya que cada jurisdicción
trata de llevar agua para su molino, inventando nuevos gravámenes para mantener
una estructura de gastos, sobre todo en personal prescindible, que está en el
nivel del disparate populista, donde la desocupación se tapa con el empleo
estatal.
El
actual gobierno estaría estudiando una reforma impositiva que recién entraría
en vigencia en el 2017, ya que con el déficit fiscal actual y los nuevos
compromisos que ha asumido este gobierno, en especial con los jubilados, es casi imposible una reducción
durante el presente ejercicio fiscal. Además, a muchos contribuyentes les queda
la sensación de que los impuestos no guardan relación con lo que Estado, a los
distintos niveles, brinda a los
contribuyentes. Con este tema está muy vinculado el de las tarifas de los
servicios públicos que ha generado tanta resistencia en la población, sobre
todo por una deficiente implementación del actual gobierno. Este tema, el del
atraso de las tarifas, no puede seguirse arrastrando indefinidamente, porque es
de estricta justicia que cada uno pague lo que consume, sobre todo aquel que
está en un nivel de ingresos suficiente como para hacerlo y que ha sido
beneficiado durante más de una década, con un evidente perjuicio para todo el
país.
Política
previsional
De
todas las situaciones caóticas que existen en nuestro país, la previsional se
lleva las palmas. Todo se puede decir que comenzó con el saqueo de las cajas
de jubilaciones durante el primer gobierno de Perón, las que fueron vaciadas para
hacer frente a las políticas demagógicas de su gobierno. El sistema de reparto
por el cual los trabajadores activos, con sus aportes, sostiene a la clase
pasiva que cobra sus jubilaciones, hace agua en todos los países del mundo, ya
que la relación activos/pasivos se va reduciendo como consecuencia del aumento
de las expectativas de vida de la población. Si hoy la relación hoy es de 6 a
1, seis activos por cada pasivo, se estima que para el 2050 será de 3 a 1 y
para el 2100 de 2 a 1. Más de uno puede pensar que ese será un problema de
quienes tengan que hacer frente a las jubilaciones en ese momento, lo que es
cierto. Pero un gobernante que sea un estadista no puede tener la mentalidad de
los políticos cuya preocupación es la próxima
elección, sino que debe preocuparse por la próxima generación.
La
creación del sistema previsional privado, en competencia con el estatal,
invento del gobierno de Menem era un verdadero desastre y un gran negocio para
muchas empresas financieras. La llamada privatización que hizo el anterior
gobierno, no tuvo como objeto reparar una injusticia ni tampoco mejorar la
situación de los jubilados, sino apoderarse de la CAJA de la ANSES y de las
inversiones que habían realizado las AFJP, para introducirse en el manejo de muchas
empresas privadas en las que las AFJP tenían paquetes accionarios, y para dar
trabajo a sus militantes en los directorios de dicha empresas. Los fondos
excedentes de la ANSES fueron usados para financiar al anterior gobierno y
todas sus aventuras políticas. Además, con el pretexto de cubrir el sistema
previsional estatal, se les redujo en 1994 en un 15% los importes
coparticipables a las provincias, tema que el anterior gobierno no modificó al
quedarse con los aportes privados, y que le explotó al gobierno actual, cuando
la CSJ, 3 días después de la segunda vuelta electoral, falló a favor de las 3
provincias que habían demandado al Estado y le quedó el problema de los reclamos
del resto de las provincias.
Este
es un tema que daría para mucho, pero sólo vamos a dejar planteados los
principales. En este momento hay como 130 regímenes previsionales diferentes
entre las cajas provinciales no transferidas a la nación y las de
profesionales, donde haría falta compatibilizar las edades en que se reciben
los beneficios jubilatorios, los períodos de aportes y los niveles de
jubilaciones, ya que existe una gran disparidad entre ellos. Además está el régimen
de autónomos, donde una persona puede estar aportando a dos regímenes
diferentes, sin mayores beneficios a la hora de cobrar su jubilación. Y como si
fuera poco, están las jubilaciones de privilegio, no sólo a nivel nacional,
sino que las provincias que retuvieron su sistema jubilatorio, también tienen
jubilaciones de privilegio.
Quizás
una solución pasaría por tener un solo sistema previsional a nivel nacional,
fijando un tope a las jubilaciones y a los aportes, de acuerdo a dichos topes,
y complementado con un régimen de ahorro privado como tienen algunos países, o
que las jubilaciones se federalicen y corran por cuenta de las provincias y que
cada una se haga cargo de las mismas. Pero este y todos los gobiernos deben
tener claro, que el Estado nacional no puede ni debe hacerse cargo de
dotaciones de personal de las provincias, infladas por razones políticas, ni de
jubilaciones provinciales, incompatibles con los niveles de otras jurisdicciones.
Un tema muy complejo que hace al futuro del país y al de las próximas generaciones de argentinos.