Los dos temas que siguen, el fiscal y el previsional, tienen una importancia capital y merecen un tratamiento especial, para definir cuál es el modelo del país que le vamos a legar a las futuras generaciones de argentinos.
Política fiscal

Nuestro país ha de ser uno de los que tiene las más alta presión fiscal en el mundo. Si bien es útil para los fines del Estado, no lo es para el crecimiento económico ya que, en alguna medida, desalienta las inversiones. Pero además empuja a muchas actividades a la marginalidad para escapar de la presión impositiva. Esto que genera evasión impositiva, privando al Estado de ingresos, pero también  genera la marginalidad laboral, causando un gran perjuicio a grandes sectores de nuestra población, que sólo puede aspirar a una jubilación mínima y graciable al no poder mostrar aportes, y que no tiene cobertura de servicios sociales, ni recibe los beneficios de las asignaciones  familiares.

En la década de 1930, el impuesto a los réditos, como se llamaba el hoy impuesto a las ganancias, tenía un carácter temporario. Pero transcurridos más de 85 años está para quedarse. El 21% de IVA que se paga hoy, también subió como resultado de una emergencia, pero sigue vigente. El impuesto a las transferencias financieras, que grava a todos los depósitos y extracciones bancarias está vigente desde el 2001 y es un impuesto regresivo que todavía no ha sido derogado. Los mínimos no imponibles de Ganancias y de Bienes Personales recién han sido aumentados, pero la escala de alícuotas de Ganancias ya está en el nivel de lo ridículo. Además hay que compatibilizar el nivel de impuestos nacionales con los provinciales y con las tasas municipales, ya que cada jurisdicción trata de llevar agua para su molino, inventando nuevos gravámenes para mantener una estructura de gastos, sobre todo en personal prescindible, que está en el nivel del disparate populista, donde la desocupación se tapa con el empleo estatal.

El actual gobierno estaría estudiando una reforma impositiva que recién entraría en vigencia en el 2017, ya que con el déficit fiscal actual y los nuevos compromisos que ha asumido este gobierno, en especial con los jubilados, es casi imposible una reducción durante el presente ejercicio fiscal. Además, a muchos contribuyentes les queda la sensación de que los impuestos no guardan relación con lo que Estado, a los distintos  niveles, brinda a los contribuyentes. Con este tema está muy vinculado el de las tarifas de los servicios públicos que ha generado tanta resistencia en la población, sobre todo por una deficiente implementación del actual gobierno. Este tema, el del atraso de las tarifas, no puede seguirse arrastrando indefinidamente, porque es de estricta justicia que cada uno pague lo que consume, sobre todo aquel que está en un nivel de ingresos suficiente como para hacerlo y que ha sido beneficiado durante más de una década, con un evidente perjuicio para todo el país.

Política previsional

De todas las situaciones caóticas que existen en nuestro país, la previsional se lleva las palmas. Todo se puede decir que comenzó con el saqueo de las cajas de jubilaciones durante el primer gobierno de Perón, las que fueron vaciadas para hacer frente a las políticas demagógicas de su gobierno. El sistema de reparto por el cual los trabajadores activos, con sus aportes, sostiene a la clase pasiva que cobra sus jubilaciones, hace agua en todos los países del mundo, ya que la relación activos/pasivos se va reduciendo como consecuencia del aumento de las expectativas de vida de la población. Si hoy la relación hoy es de 6 a 1, seis activos por cada pasivo, se estima que para el 2050 será de 3 a 1 y para el 2100 de 2 a 1. Más de uno puede pensar que ese será un problema de quienes tengan que hacer frente a las jubilaciones en ese momento, lo que es cierto. Pero un gobernante que sea un estadista no puede tener la mentalidad de los políticos cuya preocupación es  la próxima elección, sino que debe preocuparse por la próxima generación.

La creación del sistema previsional privado, en competencia con el estatal, invento del gobierno de Menem era un verdadero desastre y un gran negocio para muchas empresas financieras. La llamada privatización que hizo el anterior gobierno, no tuvo como objeto reparar una injusticia ni tampoco mejorar la situación de los jubilados, sino apoderarse de la CAJA de la ANSES y de las inversiones que habían realizado las AFJP, para introducirse en el manejo de muchas empresas privadas en las que las AFJP tenían paquetes accionarios, y para dar trabajo a sus militantes en los directorios de dicha empresas. Los fondos excedentes de la ANSES fueron usados para financiar al anterior gobierno y todas sus aventuras políticas. Además, con el pretexto de cubrir el sistema previsional estatal, se les redujo en 1994 en un 15% los importes coparticipables a las provincias, tema que el anterior gobierno no modificó al quedarse con los aportes privados, y que le explotó al gobierno actual, cuando la CSJ, 3 días después de la segunda vuelta electoral, falló a favor de las 3 provincias que habían demandado al Estado y le quedó el problema de los reclamos del resto de las provincias.

Este es un tema que daría para mucho, pero sólo vamos a dejar planteados los principales. En este momento hay como 130 regímenes previsionales diferentes entre las cajas provinciales no transferidas a la nación y las de profesionales, donde haría falta compatibilizar las edades en que se reciben los beneficios jubilatorios, los períodos de aportes y los niveles de jubilaciones, ya que existe una gran disparidad entre ellos. Además está el régimen de autónomos, donde una persona puede estar aportando a dos regímenes diferentes, sin mayores beneficios a la hora de cobrar su jubilación. Y como si fuera poco, están las jubilaciones de privilegio, no sólo a nivel nacional, sino que las provincias que retuvieron su sistema jubilatorio, también tienen jubilaciones de privilegio.

Quizás una solución pasaría por tener un solo sistema previsional a nivel nacional, fijando un tope a las jubilaciones y a los aportes, de acuerdo a dichos topes, y complementado con un régimen de ahorro privado como tienen algunos países, o que las jubilaciones se federalicen y corran por cuenta de las provincias y que cada una se haga cargo de las mismas. Pero este y todos los gobiernos deben tener claro, que el Estado nacional no puede ni debe hacerse cargo de dotaciones de personal de las provincias, infladas por razones políticas, ni de jubilaciones provinciales, incompatibles con los niveles de otras jurisdicciones. Un tema muy complejo que hace al futuro del país y al de las próximas generaciones de argentinos.