Cuando la historia no forma parte de un relato, muchas veces elaborado, sino que es parte de las vivencias recibidas directamente con el transcurso del tiempo, es difícil ser engañado por versiones malintencionadas de los hechos ocurridos. Lo que pasó en el país, desde la ya lejano década del 1940 lo viví, no me lo contaron. Y muchas mentiras y versiones interesadas de los hechos ocurridos se han tratado de imponer como si fueran la verdad de los mismos.

Uno que ha sido fuente de grandes injusticias y versiones que perseguían , muchas veces, un interés económico, ha sido el de la subversión y la represión, tanto por parte del gobierno de Perón y su esposa, hecho cuidadosamente ocultado, como por la dictadura militar que sucedió a dicho gobierno.

Según  la versión de los subversivos y de sus cómplices o patrocinantes, como fueron los Kirchner, la subversión era una juventud maravillosa que defendía grandes valores, enfrentada a una dictadura que pretendían derrocar, para, en realidad, imponer otra dictadura de diferente signo ideológico, hecho pocas veces mencionado.

Las únicas víctimas fueron los subversivos, pero "sus víctimas" no tienen ningún valor y menos recordación. Los que atacaron regimientos como en Formosa y murieron en la acción fueron las víctimas, Los pobre soldados que se defendieron y también cayeron en dicha acción nunca fueron reconocidos como víctimas y sus familiares, la mayoría pobres, no recibieron ninguna compensación.

Hay muchos de los supuestos victimarios, cuyo juicios, y los testimonios de los testigos, fueron inventados fueron condenados por jueces corruptos y comprometidos ideológicamente.

Este tema daría mucho para decir, pero sólo quiero reproducir un editorial aparecido hoy en La Nación, que pone las cosas en su justo lugar. Creo que el presidente Macri se ha equivocado con su versión de la Memoria, ya que las memoria parciales no sirven para que pueda haber una reconciliación después de tanto años de mentiras.

Para no seguir abundando sobre el tema, mi opinión es que el período de 1973, con el gobierno de Perón inclusive y después la dictadura militar, ha sido el enfrentamiento de dos bandas de psicópatas en una lucha a muerte: los subversivos por un lado y, por el otro, la AAA de López Rega y los sicarios de Massera, Suárez Masson, Camps, y tantos otros, para los que la vida humana no tenía ningún valor. Ninguna persona normal le puede quitar la vida a otra con toda frialdad, caso Aramburu, por ejemplo, ni arrojar seres humanos vivos al mar para su desaparición. Esos son personajes patológicos y no personas normales. Vamos al tema.

Derechos humanos que recortan la memoria

El plan de acción anunciado por Claudio Avruj debió haber impulsado una reconciliación sincera
edificada sobre la verdad integral para sanar el tejido social

Sábado 16 de diciembre de 2017
El presidente Mauricio Macri encabezó el acto en el que el secretario Claudio Avruj anunció el Primer Plan de Acción de Derechos Humanos 2017-2020. El documento publicado comprende varios capítulos y políticas referidas a derechos colectivos, igualdad, no discriminación y reducción de la violencia. Pero sin duda la mayor expectativa se concentró en el capítulo titulado "Memoria, Verdad y Justicia".
En efecto, al conocerse este título se abrió la expectativa de observar avances hacia la pacificación y reconciliación, con el reconocimiento hacia las víctimas ocasionadas por los grupos terroristas que iniciaron y sembraron violencia y muerte en los años setenta. Pero no fue así. El plan no hace ninguna mención de estas víctimas, cuyos familiares siguen clamando el reconocimiento que legítimamente se les debe. Su contenido, por el contrario, parece surgido de la pluma de quienes aspiran a profundizar el empleo del brazo de una justicia parcial para seguir enjuiciando y condenando exclusivamente a militares, policías y gendarmes. En este plano de profundizar la condena hacia ellos, el gobierno nacional ha confirmado que continuará querellando y que no intenta atender los derechos humanos de las víctimas inocentes de los grupos subversivos armados. Nada dice ni plantea sobre el carácter de lesa humanidad que la jurisprudencia internacional adjudica a los crímenes de organizaciones armadas, que además contaron con apoyo y entrenamiento externo.
Los argentinos siguen divididos respecto de su visión acerca de lo sucedido en los años setenta. Subsiste una grieta conceptual que constituye un obstáculo para alcanzar la necesaria reconciliación de nuestra sociedad.
Durante los doce años en los que los Kirchner ejercieron la primera magistratura, el discurso oficial se caracterizó por una interpretación ideologizada y alejada de la verdad de aquellos hechos. La denominada política de derechos humanos abandonó los principios éticos que debían caracterizarla y fue empleada para lograr espacio político y una artificial cobertura moral para el ejercicio corrupto del poder. Desde el gobierno y en las escuelas se difundió y todavía se mantiene, un relato sobre los setenta que presenta a los grupos terroristas como jóvenes idealistas y a la represión como una acción requerida para acallar la resistencia social frente a políticas económicas impuestas por supuestos perversos poderes económicos.
Con esa falsa presentación de la verdadera historia, se ignora a las víctimas ocasionadas por los Montoneros, el ERP y otros grupos armados. Se omite decir que estos grupos actuaron también contra gobiernos constitucionales, y se ignora que entre 1970 y 1973 hubo un fuero judicial que los juzgó y condenó, otorgándoles todas las garantías para su defensa.
El relato tampoco recuerda que en mayo de 1973 ese fuero fue disuelto por el gobierno de Héctor Cámpora, y que los terroristas amnistiados retomaron las armas y procedieron a vengarse de los jueces que los habían juzgado y condenado.
Puestas a combatir aquel terrorismo desbordado que pretendía hacer de la Argentina otra Cuba, las Fuerzas Armadas fueron reclamadas por el poder civil para aniquilar el accionar subversivo. Este se desarrollaba por combatientes sin uniforme, que actuaban clandestinamente en organizaciones celulares, en ámbitos principalmente urbanos.
Lamentablemente, tanto el gobierno constitucional como las cúpulas militares descreyeron en 1975 que el camino pudiera ser nuevamente el de recrear un fuero judicial. La respuesta al requerimiento de aniquilamiento llevó a que las Fuerzas Armadas cometieran desde el Estado crímenes aberrantes. Ciertamente esto no puede convalidarse, pero no por ello hay que olvidar los crímenes y delitos cometidos por los movimientos subversivos.
Sin embargo, los integrantes de esos grupos terroristas se mantienen impunes y han recibido cuantiosas indemnizaciones, e incluso han llegado a ocupar cargos de gobierno, pese a la enormidad de sus repudiables conductas. Entre 2011 y 2016, las indemnizaciones sumaron algo más de 4000 millones de dólares. Se estima que en total, desde el inicio y hasta que se satisfagan todos los reclamos, alcanzarán 11.200 millones de dólares. Para continuar lo que alguien denominó "el curro de los derechos humanos", aún hay varios miles de solicitudes bajo análisis.
Mientras tanto, desde que se llevó a cabo la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, se impulsaron y se continúan abriendo cientos de causas judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como también civiles.
En la actualidad hay alrededor de 2000 presos, de los cuales 1430 aún no tienen condena y 728 de ellos han excedido holgadamente el tiempo admitido de prisión preventiva. Ya han fallecido 428 en prisión, de los cuales 424 tenían aún prisión preventiva. En gran parte de estos juicios hay denuncias de testigos falsos y se manipulan las pruebas. Ha sido frecuente la realización de audiencias y juicios orales en teatros o grandes locales en los que se convoca a multitudes vociferantes.
Esas irregularidades deberían investigarse a fondo, incluyendo tanto lo actuado desde la conducción política como desde el accionar de la Justicia. En particular deberá revisarse la conducta de algunos jueces y fiscales, cuya labor fue contraria a la imparcialidad.
El Plan de Acción de Derechos Humanos 2017-2020 debería impulsar como objetivo central, una reconciliación sincera edificada sobre la verdad objetiva y la justicia. Se trata nada menos que de sanar el tejido social y así hacer posible avanzar en paz hacia un futuro común.