A  modo de aclaración.

Después de 26 años de trabajar en empresas privadas, a los 45 años, decidí no trabajar más en relación de dependencia. Si bien la empresa en la que trabajaba en ese momento como CEO, una subsidiaria de una multinacional, no mostraba problemas éticos y había un buen nivel de profesionalidad, la experiencia anterior no había sido muy satisfactoria y ya me había hecho un panorama muy claro de la situación imperante en las empresas argentinas. Ese había sido el motivo por el que, apenas terminados mis estudios, decidí emigrar a los EEUU con el fin de iniciar mi actividad profesional. Pero las perspectivas que se abrían con el gobierno de Arturo Frondizi, me llevaron a decidir la vuelta a mi país, perspectivas que se cerraron a los pocos meses de mi llegada, con el golpe que sacó a Frondizi del gobierno, y que dio comienzo a décadas de mediocridad y de inestabilidad, de las que todavía no hemos podido salir. El empresariado argentino, en especial el industrial y financiero, siempre dejó mucho que desear, casi siempre aferrado a los favores del Estado, práctica que dio comienzo con el peronismo, y que se mantiene hasta el presente. Nunca creí en la dirigencia argentina, en ningún ámbito, político, empresarial, sindical, ni siquiera en lo deportivo, pruebas al canto, el tema AFA y Hugo Moyano como presidente de Independiente. Como hoy apareció en La Nación un editorial sobre la dirigencia empresaria, que es la mejor prueba de que no estaba muy equivocado en mis juicios, me pareció oportuno su reproducción, porque como siempre he sostenido, si hay alguien que lo dice mejor, para qué lo voy a decir yo.

¿Empresarios a riesgo o acomodo?

Así como la sociedad reclama ejemplaridad en políticos, jueces y periodistas, también exige hombres de negocios que no sean cortesanos de los gobiernos

 Domingo 15 de mayo de 2016

El fortalecimiento de nuestras castigadas instituciones debe cubrir un amplio espectro que abarque en su conjunto al sistema democrático dentro del cual el sector privado ocupa un espacio relevante. Denuncias e investigaciones que salen a la luz por estos días sobre la era kirchnerista dejan atónita a la sociedad cuando dan cuenta de episodios originados en una conveniente e interesada política de desactivación de los órganos de control que se sumó a la inoperancia, cuando no a la complicidad, de muchos jueces federales y que siempre han contado con el coprotagonismo de una parte del sector privado.

No se trata sólo de señalar el indiscutible peso de las contrapartes en todos los episodios de corrupción. También debemos lamentar la degradación del rol de una porción del empresariado que contribuyó a este estado de cosas con excusas que, aunque puedan resultar comprensibles, lejos están de ser aceptables y por lo tanto no lo justifican. Frente al avasallamiento de la libertad requerida para hacer negocios cuando una maraña de controles, regulaciones y subsidios sometió bajo alguna forma de dependencia de los burócratas de turno a todos los sectores, esta porción, salvo honrosos sectores y algunas excepciones, bajó la cabeza, aceptó con aviesa intención y silenciosamente semejantes reglas de juego y buscó de qué manera podía obtener de ellas algún beneficio de corto plazo. Se comportó más como un cortesano en busca de la ventaja regulatoria que como un emprendedor que, por definición, asume tomar decisiones en un entorno de riesgo según reglas sensatas y predecibles. La desorbitada intervención regulatoria, los papeleos y las autorizaciones que hay que procurar, en despachos oficiales llenos de trámites que esperan una firma que los privados necesitan como el aire, corrompen así el escenario natural. Las entidades gremiales empresariales, por lo general, contribuyeron y se acomodaron a ese estado de cosas, y poco hicieron para denunciarlo en pos de su modificación. Las más importantes aceptaron inclusive que las autoridades les fueran digitadas desde la Casa de Gobierno.

En tiempos en que muchos ejecutivos de empresas se llenan la boca anunciando todo tipo de iniciativas según el concepto de responsabilidad social empresaria, todas ellas muy loables, cabe también preguntarse si la vigencia de las instituciones que permitía el desarrollo de la actividad privada propia de la libre empresa no era un bien social del que valía la pena ocuparse, tan precioso como pueden serlo la preservación del medio ambiente o la ayuda a la educación.

Lamentablemente, pseudoempresarios que sólo buscan el amparo del Estado y del amiguismo político hemos tenido siempre. A la sombra de cada uno de la mayoría de los gobernantes de las últimas décadas han crecido y se han enriquecido sus constructores de obra pública y, por lo general, sus banqueros preferidos; hombres de negocios más sagaces para detectar los comportamientos de quienes administran el Estado que las preferencias y necesidades del mercado.

Por ello no es extraño que entre quienes se oponen a la sanción de una ley del arrepentido, además de amplios sectores del sindicalismo y la política, se encuentren también algunos empresarios, entre ellos, varios de los que integran la Cámara Argentina de la Construcción.

En los últimos tiempos se agregó a esa lista de amigos del poder la figura del empresario del juego, un sector indiscutiblemente controvertido por la dificultad para controlar los fondos que recauda.

La habilidad de estos pseudoempresarios para adaptarse ante las cambiantes olas del poder político es asombrosa, casi camaleónica. Tal vez uno de los mejores ejemplos, aunque no el único, sea el del banquero Jorge Brito, cuyo grupo creció de manera notoria durante la gestión del matrimonio Kirchner hasta lograr el ambicioso y extendido negocio de banca minorista de capitales que hoy gerencia. Tanto que, recordemos, jugó un papel clave en la financiación del intento de apropiación de la imprenta Ciccone. Ese caso todavía se investiga en el juzgado de Ariel Lijo, a pesar de que Brito nunca fue llamado a declarar.

Este banquero también obtuvo ganancias extraordinarias gracias a los depósitos de la Anses a una tasa irrisoria durante la gestión de Diego Bossio. Una desviación detectada por una auditoría de la actual administración.

Tras brindar apoyo al entonces promisorio candidato Sergio Massa, con el cambio de gobierno, Brito prestamente ya ha salido a elogiar el rumbo económico del gobierno de Macri y a lamentarse, como hizo en una nota brindada al diario Perfil, por los mercados y las inversiones perdidos por el país durante los últimos años, desplegando una capacidad crítica que parece haber adquirido de golpe y sólo después del 22 noviembre de 2015.

En suma, así como la sociedad reclama ejemplaridad en los líderes políticos, en los legisladores, en los jueces y en el periodismo, también exige empresarios que se ocupen de innovar para crear riqueza y empleo, con los riesgos que eso implica, y no cortesanos en busca de protección para alcanzar lo que, librados a una sana competencia, acaso jamás podrían lograr.